Desde que el episodio de Coahuila salió a la luz en 2011 la prensa escrita, la radio y la televisión han recogido prácticamente todas las noticias al respecto y han enfatizado su importancia. En diversos artículos el problema de la deuda estatal se relaciona con la descentralización de recursos que se ha llevado a cabo en el país, además de los excesos, la falta de transparencia y la corrupción de algunos gobiernos.
La mayoría de las notas periodísticas muestran encabezados alarmantes acerca del endeudamiento de las entidades subnacionales. Algunas hacen énfasis en los gobiernos en turno, mientras que otras evidencian la falta de transparencia y la corrupción en los gobiernos subnacionales, aunque suelen darles un enfoque de acusaciones políticas.
De manera concreta a menudo critican el endeudamiento, lo califican de excesivo e insostenible, aunque este término no está bien definido ni parece haber un entendimiento común en cuanto a su significado. En general, muestran un análisis poco profundo y, en ocasiones, una visión politizada y exagerada del problema.
Algunos autores dan una visión económica más especializada, que tiene que ver con las características e implicaciones del proceso de descentralización que ha vivido México. Cuando se refieren a la deuda subnacional, particularmente la estatal, hacen énfasis en temas como la falta de recaudación estatal –herencia del centralismo–, la existencia de riesgo moral o “moral hazard” por parte de los estados al momento de contratar deuda y de los bancos al conceder el crédito, al suponer que, en caso de insolvencia y falta de pago, el Gobierno Federal saldrá al rescate.
Han interpretado que las transferencias extraordinarias a las entidades federativas, que se dieron después de la crisis macroeconómica de 1995, fueron un incentivo para un comportamiento posterior con riesgo moral. Esto es, si la federación rescató en ese tiempo y por esta vía a las entidades federativas con deuda elevada, ello constituyó un precedente para anticipar nuevos rescates, a fin de salvar a estados que enfrentasen problemas para servir o pagar su deuda, ya sea por ser entidades cuyos problemas podrían contagiar al resto de la economía o por presiones políticas.
No obstante, cabe señalar que los desarrollos más recientes en cuanto a la deuda estatal en México, deberían mitigar la sospecha de garantía implícita por parte del gobierno federal, así como el consecuente riesgo moral, ya que la Federación no ha salido al rescate de estados y municipios con problemas para hacer frente a sus obligaciones financieras, y el gobierno ha insistido en que no lo hará.
En años recientes, la historia en México ha sido congruente en la actitud del gobierno federal ante el fenómeno de la deuda subnacional. En 2010, Zacatecas incumplió un crédito a corto plazo, mientras que Aguascalientes lo hizo en 2011 y, más recientemente, Jalisco, en 2013. En ninguno de estos casos el gobierno federal intervino.
Queda claro que la Federación prestó ayuda a los estados en 2009 para facilitarles el acceso al financiamiento y así, mitigar el problema sistémico que se presentó ante la fuerte caída de participaciones ese año causada por la caída de la recaudación general, asociada al impacto que la llamada Gran Recesión internacional tuvo sobre la economía nacional.
A manera de resumen se puede afirmar que existe consenso en asociar el rá- pido endeudamiento con problemas de falta de transparencia y rendición de cuentas en las haciendas públicas subnacionales. Algunos puntos de vista descartan la existencia actual de un riesgo sistémico, a pesar de que hay quie- nes exageran la magnitud del problema. Sin embargo, resulta importante notar que la mayoría de los documentos analizados carecen de un esquema conceptual que permita un estudio de sostenibilidad financiera.
Fragmento del libro La deuda subnacional: un análisis del caso mexicano escrito por Carlos Hurtado y Guillermo Zamarripa